Cada mayo, cuando se acerca la discusión sobre el reajuste del salario mínimo en Chile, se reactiva uno de los debates más antiguos y polarizados de la economía. Por un lado, sindicatos y movimientos sociales argumentan que el sueldo mínimo es bajo y debe subir agresivamente para garantizar una vida digna. Por el otro, gremios empresariales y algunos economistas advierten que cada alza descontrolada destruye empleos formales y empuja trabajadores a la informalidad. ¿Quién tiene razón? La respuesta, como casi siempre en economía, es más matizada de lo que sugiere cualquiera de los dos extremos.
¿Qué es realmente el salario mínimo y para qué sirve?
El salario mínimo es el piso legal que un empleador debe pagar a un trabajador por una jornada completa. En Chile, este se fija mediante una negociación tripartita entre el Gobierno, la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) y los gremios empresariales, y luego se aprueba por ley en el Congreso. Su objetivo declarado es doble: por un lado, proteger a los trabajadores con menor poder de negociación de la explotación salarial; por otro, contribuir a una distribución del ingreso más equitativa en un país conocido por su desigualdad estructural.
En teoría, en un mercado laboral perfectamente competitivo, el salario mínimo no debería ser necesario: los trabajadores cobrarían exactamente el valor de su productividad marginal. Pero la realidad chilena dista mucho de ese modelo idealizado. Existen asimetrías de información, monopolios locales (especialmente en regiones), barreras geográficas y costos de cambio de empleo que dan a muchas empresas un poder de negociación desproporcionado frente al trabajador. En ese contexto, un salario mínimo razonable corrige una falla de mercado real.
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El argumento clásico en contra: la teoría neoclásica
La crítica tradicional al salario mínimo viene de la microeconomía neoclásica del siglo XX. Su lógica es simple: si fijas un precio mínimo por encima del precio de equilibrio, la cantidad demandada (puestos de trabajo ofrecidos por las empresas) cae, mientras que la cantidad ofrecida (personas dispuestas a trabajar) sube. El resultado es desempleo. Y los más perjudicados serían los trabajadores menos productivos, ironicamente los mismos a los que la política buscaba proteger: jóvenes sin experiencia, personas con menos educación formal y trabajadores de zonas con baja actividad económica.
Este argumento, popularizado por economistas como Milton Friedman, dominó la discusión durante décadas. En Chile, varios estudios de la década de 1990 y comienzos de los 2000 encontraron evidencia consistente con esta visión: subidas grandes del salario mínimo se asociaban con caídas en el empleo juvenil y un aumento de la informalidad. La intuición es poderosa: si una empresa solo puede pagar un sueldo equivalente al valor que ese trabajador aporta, y ese valor cae bajo el mínimo legal, simplemente no contratará a esa persona.
La revolución empírica: el caso Card-Krueger y la nueva evidencia
En 1994, los economistas David Card y Alan Krueger publicaron un estudio que sacudió los cimientos del consenso económico. Compararon el empleo en restaurantes de comida rápida en Nueva Jersey (que subió su salario mínimo) con los de Pensilvania (que no lo subió). El resultado fue inesperado: el empleo no cayó en Nueva Jersey, e incluso aumentó ligeramente. Card recibiría el Premio Nobel de Economía en 2021, en parte por esta investigación que abrió la puerta a una revolución empírica en el análisis del mercado laboral.
Desde entonces, decenas de estudios en distintos países han mostrado que el efecto del salario mínimo sobre el empleo es mucho más pequeño de lo que predecía la teoría clásica, especialmente cuando los reajustes son moderados. ¿Por qué? Porque el mercado laboral real no es perfectamente competitivo. Cuando una empresa tiene poder de monopsonio (es decir, es uno de los pocos empleadores en un área o industria), puede pagar por debajo del valor de la productividad de sus trabajadores. Un salario mínimo bien calibrado simplemente reduce esa renta del empleador sin destruir empleo.
El caso chileno: ¿qué dicen los datos?
En Chile, la evidencia más reciente es ambigua y depende mucho del tamaño del reajuste. Estudios del Banco Central y de centros académicos como Clapes UC y el Centro de Economía Aplicada han documentado que los reajustes moderados (en torno a la inflación más una corrección por productividad) no parecen tener efectos significativos sobre el empleo agregado. Sin embargo, los efectos sobre grupos vulnerables (jóvenes entre 18 y 24 años, mujeres con baja educación formal, trabajadores de regiones con menor productividad) sí son medibles, especialmente cuando los aumentos son grandes y abruptos.
Un caso instructivo fue el alza acelerada del salario mínimo entre 2022 y 2024, que lo llevó por sobre los $500.000 mensuales. Si bien el empleo formal no colapsó, varios estudios encontraron evidencia de un crecimiento más lento de la contratación en sectores intensivos en mano de obra de baja calificación (retail, gastronomía, agricultura de temporada). También se observó un aumento en la subcontratación y en formas atípicas de empleo, como los «honorarios» disfrazados de empleo dependiente.
El factor olvidado: la productividad regional
Uno de los problemas estructurales del salario mínimo en Chile es que se aplica de manera uniforme a todo el país, sin considerar las enormes diferencias de productividad entre regiones. El producto por trabajador en la Región Metropolitana es más del doble que en algunas regiones del sur. Un salario mínimo que en Santiago apenas alcanza para vivir, en regiones puede estar por encima del valor que muchas empresas pequeñas pueden pagar. Esto explica por qué la informalidad laboral es persistentemente más alta en regiones que en la capital.
Algunos países, como Estados Unidos, permiten salarios mínimos regionales que reflejan estas diferencias. Otros, como Alemania o el Reino Unido, han creado consejos independientes de expertos (como la Low Pay Commission británica) que recomiendan el reajuste anual usando criterios técnicos transparentes, sacando la decisión del barro político. Chile, por ahora, mantiene un sistema mixto que combina decisión política con asesoría técnica, pero sin la independencia que tienen estos modelos extranjeros.
Más allá del empleo: efectos sobre pobreza y desigualdad
Incluso si aceptamos que el salario mínimo tiene algún efecto negativo sobre el empleo de grupos vulnerables, eso no zanja la discusión. Hay un trade-off real: por un lado, algunas personas pierden el empleo o quedan fuera del mercado formal; por otro, millones de trabajadores ven aumentar sus ingresos. ¿Qué efecto domina en términos de bienestar agregado? La evidencia sugiere que, para reajustes moderados, el efecto neto sobre la pobreza y la desigualdad es positivo, aunque modesto.
Esto se debe a que los hogares de menores ingresos en Chile dependen del salario mínimo de manera desproporcionada. Cuando este sube, no solo aumenta el sueldo de quienes ganan exactamente el mínimo, sino también el de quienes ganan un poco más (por el efecto «faro» que arrastra otros sueldos hacia arriba) y, en menor medida, hasta de quienes están en el segundo decil de ingresos. El resultado es una compresión de la distribución salarial en la parte baja, lo que reduce la desigualdad medida por el coeficiente de Gini, aunque no elimina los problemas estructurales de inequidad.
Lo que la evidencia internacional nos enseña
Países que han logrado balances razonables entre protección del trabajador y dinamismo del empleo comparten algunas características: reajustes anuales predecibles, basados en criterios técnicos transparentes; mecanismos diferenciados para jóvenes en su primer empleo (como los «salarios de entrenamiento» en algunos países europeos); políticas complementarias que mejoran la productividad de los trabajadores menos calificados (capacitación, educación técnica de calidad); y una fiscalización eficaz que cierre la puerta a evasiones por la vía de la informalidad o falsos honorarios.
Chile tiene avances en algunas de estas dimensiones, pero también deudas importantes, especialmente en formación técnica y en la fiscalización del cumplimiento del Código del Trabajo en regiones. Sin estas políticas complementarias, el salario mínimo por sí solo es una herramienta limitada para combatir la pobreza estructural.
La conclusión honesta
El salario mínimo no es ni el villano que destruye empleos masivamente, ni la varita mágica que termina con la desigualdad. Es una herramienta de política pública con efectos reales sobre la distribución del ingreso y, sí, también con costos para algunos trabajadores marginales si el reajuste es excesivo. La pregunta correcta no es «¿salario mínimo sí o no?», sino «¿cuál es el nivel y mecanismo óptimo de reajuste para maximizar bienestar agregado?». Y esa respuesta requiere análisis técnico, no consignas.
Como ciudadanos, entender estos matices nos permite participar en el debate público con argumentos más sólidos, identificar cuándo un político está vendiendo soluciones simplistas y exigir políticas basadas en evidencia. La economía no nos da respuestas únicas, pero sí nos da las herramientas para hacer mejores preguntas.
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